El cumplimiento de los estándares establecidos por las entidades ambientales es cada vez más importante para las empresas de servicios públicos. A través de diferentes proyectos como la compra de “Certificados de energía renovable (REC)”, los agentes gubernamentales están impulsando la generación de energía renovable a la vez que conciencian a los clientes sobre el uso de fuentes renovables.
Un certificado de energía renovable, tambien conocido como REC por su sigla en inglés, es un producto comercializable o título valor que es creado cuando una fuente de energía renovable produce 1 MWh. Este certificado representa la propiedad de los atributos relacionados con la generación de energía renovable, incluyendo la fuente que produjo la energía asociada al REC, su ubicación y la fecha en la cual la electricidad fue producida.
Las empresas compran certificados para cumplir con los objetivos establecidos en los reglamentos ambientales por parte de las entidades gubernamentales. Por ejemplo, la sección 3 (C) de la orden ejecutiva (E.O.) 13693 pide a las agencias federales americanas que para el año 2025 obtengan al menos el 30% de su electricidad de fuentes renovables1. En este caso, el precio de los certificados depende de cuánto están dispuestos a pagar las empresas para evitar las sanciones impuestas por el gobierno.
Los certificados también pueden ser comprados voluntariamente por clientes que prefieren consumir energía renovable. En este mercado, el precio de los títulos se define en función de la oferta y la demanda, teniendo en cuenta la cantidad de dinero que estaría dispuesto a pagar un cliente por un producto de energía verde contra su respectiva oferta en el mercado.
“El mercado voluntario de energía verde representa actualmente alrededor del 28% de todas las ventas de energía renovable en Estados Unidos, excluyendo la energía hidroeléctrica a gran escala2”
Además de cumplir con los objetivos medioambientales, la comercialización de los certificados se ha convertido en un instrumento para que las empresas de servicios públicos demuestren su liderazgo en el desarrollo sostenible y en la reducción de la huella de carbono. Asimismo, los RECs generan oportunidades para que las empresas cuantifiquen la preferencia de los clientes por una fuente de energía específica, amplíen su portafolio de energía verde y apoyen proyectos en zonas donde aún no se han realizado inversiones en fuentes de energía renovable.
“Con un 53% de capacidad de generación representado por las renovables, América Latina ya está liderando el movimiento mundial de energía verde3”
Algunas empresas de servicios públicos están ofreciendo planes comerciales verdes para clientes residenciales y comerciales. En algunos de ellos se cobra una tarifa premium por cada KWh de energía consumida; en otros planes una cantidad adicional por cada 200 kwh consumidos además del cargo de consumo del periodo.
Diferentes empresas de servicios públicos en países como Colombia, Chile y México están empezando a certificar su producción de energía renovable. Por ejemplo, en Colombia una reconocida empresa de servicios públicos llevó a cabo un proyecto a través del cual logró la certificación de un conjunto de plantas de generación bajo el estándar I-REC, lo que permite a esta compañía la comercialización de los certificados que se generen con dichas plantas.
A pesar de estos avances, el proceso actual de generación de los certificados es costoso y lento tanto para los productores como para los compradores, debido a que la emisión del documento toma alrededor de dos semanas e implica la participación de varios agentes en el proceso. Para mejorar esto, han comenzado a surgir plataformas de blockchain que apoyan la producción de los RECs de una manera más ágil y menos costosa; por ejemplo, existe una plataforma que está generando certificados por cada KWh para los productores a baja escala, como los prosumidores.
Cabe anotar, no obstante, que aunque tecnologías como el blockchain pueden consolidarse en el mercado e impulsar la administración de estos certificados, sin dejar de lado el cumplimiento de los marcos regulatorios, los proveedores de las plataformas blockchain todavía deben demostrar los beneficios de su implementación para las empresas de servicios públicos y los clientes.
